Mediante las Resoluciones 685/2011 y 686/2011, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual acaba de llamar a concurso público para la adjudicación de 220 licencias de televisión abierta digital. Las condiciones que allí se establecen imposibilitan desde el vamos que una enorme mayoría de organizaciones sociales, políticas y comunitarias, muchas de ellas con medios alternativos funcionando gracias al esfuerzo y el aporte de sus integrantes, puedan presentarse para obtener alguno de los permisos.
Por citar un sólo ejemplo, para concursar alguna de las 8 licencias destinadas a las entidades sin fines de lucro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario adquirir un pliego cuyos precios son de 70.000 o 140.000 pesos. Si alguna de estas organizaciones –exceptuando a la Iglesia, los sindicatos como la Unión Ferroviaria o la UOCRA, por citar dos casos, o las fundaciones tras las que se ocultan grandes corporaciones- logra disponer de semejantes sumas, el problema no termina allí. Al precio del pliego hay que sumarle el costo mensual de referencia que habría que abonarle a ARSAT por el servicio de multiplexación nacional, 24000 pesos mensuales, como parte del plan de inversión solicitado; también hay que tener en cuenta las condiciones que deben cumplirse para ser admitido como posible licenciatario.
En este escenario, delimitado por el Gobierno Nacional, sólo tendrán la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de prensa y expresión en el espectro audiovisual quienes cuenten con recursos económicos de considerable magnitud. De ninguna manera las organizaciones sociales, políticas y comunitarias que no disponen de semejante estructura financiera (y técnica) podrán hacerlo. Se vulnera así un principio básico y elemental de estos y otros derechos: la posibilidad de ejercerlos independientemente de la capacidad económica que se posea.
En consonancia con una reforma política que establece condiciones de carácter proscriptivo para los partidos políticos minoritarios -un aspecto sobre el cual la gestión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ha mantenido un llamativo silencio-, las medidas planteadas por el Gobierno Nacional para la "democratización del espectro audiovisual" están destinadas a consagrar a los mismos sectores sociales que hoy dominan el sistema de comunicación audiovisual. Las organizaciones que mantienen una posición independiente del Estado y el gobierno quedan deliberadamente excluidas. La digitalización permitirá que se amplíe el número de voces, pero ningún avance técnicno opera en el vació. En este contexto, la multiplicación de los emisores no tendrá como correlato ni mayor pluralidad ni más diversidad.
Durante el conflicto con "el campo", la gestión de la Facultad y la Dirección de la Carrera de Comunicación se apresuraron a salir en defensa del Gobierno Nacional; luego suscribieron y militaron en favor de la mencionada ley de comunicación y finalmente exigieron su aplicación ante una medida cautelar debido a que, entre otros puntos, dicha normativa "promueve la pluralidad de voces” (Resolución aprobada por el Consejo Directivo en la sesión del 6/4/10); instamos a que, a diferencia de lo sucedido con la Ley de Reforma Política, haya un pronunciamiento que se oponga a estas medidas que impiden el ejercicio del derecho a la comunicación.


