Impulsamos su difusión y su discusión
Ante el conflicto entre el gobierno y la patronal agraria, el tratamiento mediático y la intervención del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales
El martes 1º, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales “sentó posición” sobre el lock out patronal del campo, los medios masivos y la política del Gobierno Nacional. Y tres días después, el Decano y el Vicedecano se sentaron junto con la presidenta Cristina Kirchner para presentarle sus conclusiones sobre el tratamiento de los medios en torno al conflicto y su rechazo a las “expresiones discriminatorias a las que hemos asistido con motivo del conflicto provocado por el lock out de los productores agropecuarios, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social”. Propusieron, además, que se implementara el Observatorio de la Discriminación en radio y televisión, con la participación del COMFER, el Consejo de la Mujer , el INADI y las facultades de Ciencias Sociales de todo el país.
Las resoluciones, sobre el conflicto en sí y sobre el tratamiento que le dieron los medios, el momento en que se difundieron y cómo se generaron, han dejado en claro el alineamiento de la Gestión de la Facultad con el Gobierno “nacional y popular”.
Sobre el conflicto
Se nos dirá –y ese parece ser el presupuesto que recorre los discursos- que, frente a una crisis de esta envergadura, la Facultad , su Consejo Directivo, sus direcciones de carrera y sus profesores deben encolumnarse, máxime si lo que está en juego es –como reza una de las resoluciones- el cuestionamiento a “la vigencia del régimen democrático, el respeto a los derechos humanos y la continuidad de los juicios por la verdad, la justicia y la memoria”.
Pero, si efectivamente esto fuera así, si el Gobierno fuera víctima de un intento “neogolpista” encabezado por la Sociedad Rural ¿cómo se explica que el presidente de la UIA , Juan Carlos Lascurain, Cristiano Rattazzi, presidente de la Fiat , y Jorge Brito, presidente del Banco Macro, estuvieran en la primera fila del Salón Blanco para aplaudir los discursos de la presidenta y del ministro Lousteau, habiendo sido estos históricamente parte de los grupos especializados en golpes y neogolpes?
Si las retenciones fueran efectivamente una política de redistribución del ingreso –como se nos ha dicho una y otra vez, y como se sostiene en las resoluciones de Sociales-, ¿por qué de los 20.000 millones de dólares recaudados en retenciones en el 2007, 16.000 fueron a parar a los bolsillos de los grupos que participan del neogolpe, en forma de subsidios, o para pagar la deuda externa en lugar de aumentar los salarios hasta hacerlos equivalentes a la canasta familiar –hoy en 4000 pesos-, en vez de incrementar y otorgar la movilidad a los jubilados, o de desterrar el trabajo en negro que denuncia (nada más que eso) la presidenta? ¿Por qué no se ha compensado al “pueblo”, en salarios, mejoras del sistema de salud y educativo, etc.?
Si las retenciones sirvieran para redistribuir, como lo presentan el Gobierno y el CD de Sociales, ¿por qué nuestros salarios tienen –parafraseando el chiste de Página /12- una retención o, mejor, un tope del 19.5%? ¿Cómo podría ser “más justa” –como reclama la resolución- la distribución de la riqueza si asistimos a un proceso de concentración en brutal continuidad y profundización respecto de los hoy tan denostados noventa? Si fuera así, ¿por qué la Facultad de Ciencias Sociales aún continúa esperando por un edificio único, y sus estudiantes, docentes y no docentes siguen penando por trabajar y estudiar en condiciones dignas?
Sobre el tratamiento mediático
De ser cierto que “dos o tres generales mediáticos” –como dijo Carlos Kunkel poco antes de sentarse con el embajador estadounidense también en estos aciagos días- atacan a la presidenta y al gobierno, ¿cómo se explica que fuera este Gobierno el que extendió las licencias por más de una década entre gallos y medianoches, el que permitió la fusión entre Multicanal y Cablevisión convirtiendo al grupo Clarín en un operador monopólico del cable, el que se reunió con Werthein de Telefónica –que además es sojero- para analizar cómo se habilita al grupo ya no para controlar Telecom sino para desembarcar en la producción de contenidos, el que se reúne con Carlos Slim para abrirle negocios a Telmex, el que beneficia a Daniel Hadad con la mejor ubicación en la grilla y las mejores vistas panorámicas de la residencia de Olivos?
Por otro lado, ¿es la primera vez que los medios actúan de manera parcial e interesada ante un conflicto social, o que los medios practican un “manejo cuestionable de la información”, como se afirma en el último comunicado de la Gestión de la Facultad ? El “manejo cuestionable de la información” ¿puede adjudicarse sólo a los medios privados? ¿No hubo también un manejo de estas características, pero marcadamente a favor del gobierno, en Canal 7 y Página/12 -propiedad del Grupo Clarín casi en su totalidad-, por citar algunos ejemplos emblemáticos?
Y para no abundar, si entre los medios y Cristina de K hay un conflicto, ¿cómo se explica que la ley de radiodifusión de la dictadura, que desde 2003 también es la ley del kirchnerismo, no haya sido derogada?
No es el Gobierno de los Kirchner el que va a resolver la crisis a la que nos ha conducido su política. Tampoco es este Gobierno el que puede transformar los medios masivos de comunicación rehenes de los concentradísimos pools mediáticos, cada vez más concentrados por su propia política.
Un momento nunca tan oportuno
El momento que eligieron las autoridades de la Facultad para intervenir “públicamente” no es un dato aleatorio. En su último comunicado afirman que sólo cumplieron con su obligación. Pero esta intervención ¿forma parte de una política permanente o se trata de una medida con otras motivaciones? Veamos.
A pesar de que “cobija a una de las carreras de Ciencias de la Comunicación más importantes de Latinoamérica”, la Gestión de la Facultad nunca dijo nada, ni emitió comunicado o informe alguno, sobre la representación que los medios hicieron y hacen de las cientos de luchas que se sucedieron y se suceden a lo largo y ancho del país, en contra del gobierno y de las grandes empresas.
A pesar de contar con esta carrera, la Facultad no se pronunció, la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación tampoco, cuando los trabajadores de prensa que llevaban adelante medidas de fuerza, en medios privados y públicos, fueron agredidos por parte de patotas enviadas por la burocracia sindical y que contaron con la venia del gobierno. Tampoco de los intentos de proscripción de listas opositoras en las elecciones de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires). Nada dijo del monopolio informacional que funciona en la provincia de Santa Cruz, y que es manejado por el chofer de los Kirchner, el inefable Rudy Ulloa. Nada dijo de la utilización propagandística del Canal 7, por parte del gobierno, durante el último año electoral. Nada dijo de la cobertura, por parte de este mismo canal, de los conflictos que se desarrollaron el año pasado en la provincia del matrimonio presidencial.
La Gestión de la Facultad presenta su apoyo al rechazo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación al decreto 527/05, como una demostración de su compromiso con la sociedad y el cumplimiento de su obligación pública. Pero, sinceramente, pareció más una la expresión del desengaño que sufrieron quienes dirigían la carrera en ese momento, al haber puesto sus esperanzas de reforma del sistema de medios, a través de un nuevo marco legal, en un gobierno que no había dado ninguna muestra de querer llevar las cosas por ese camino.
El silencio de los últimos tres años es otro dato que contradice las afirmaciones de la Gestión de la Facultad. En su último comunicado, se pregunta: “¿Por qué sólo en esta oportunidad, en que la Facultad se pronuncia sobre el comportamiento de los medios de comunicación, se reacciona con semejante irritación?”. Tal vez, entre otros motivos, porque los grandes “pools informacionales” no están acostumbrados a que la Facultad los critique, no lo ha hecho nunca. Entre los links que contiene la declaración donde se justifica la presentación del informe -un intento por demostrar la cantidad de veces que se pronunció públicamente esta casa de estudios-, no figura ninguno respecto del tratamiento de los medios sobre algún conflicto. A confesión de parte…
Con el método del gobierno
Como señalamos más arriba, la sanción del decreto 527/05 se realizó -como todo decreto- de espaldas a la comunidad, sin estimular el debate público, ni siquiera legislativo, amparándose en una facultad de dudosa legitimidad que la Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo.
En su último comunicado, la gestión de la Facultad señala: “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales (órgano máximo y soberano de gobierno de una Facultad, ante el cual el Decano no puede sino hacer lo que dicho órgano le encomienda) emitió una resolución criticando lo que considera un manejo cuestionable de la información. Su pronunciamiento fue, por algunos, tildado de “obsecuente” con el oficialismo. Pero lo que no se tiene en cuenta, es que con este tipo de acusaciones a la Facultad se cae en un contrasentido, rayano en el absurdo: en nombre de la libertad de prensa de las empresas privadas, se cuestiona la libertad de opinión de una institución pública”.
La “libertad de opinión de una institución pública” no puede reducirse a lo que manifieste su “órgano máximo y soberano de gobierno”, que por supuesto tiene todo el derecho a opinar. Lo actuado por la Gestión de la Facultad reprodujo los mismos métodos que en su momento criticaron a propósito de la medida mencionada: de espaldas a la comunidad académica, amparándose en la legalidad de un órgano de gobierno –elegido por métodos de dudosa carácter democrático, donde el voto de algunos docentes vale mucho más que el de otros-, impidiendo la discusión pública de quienes quisieran participar del debate, negándole toda posibilidad de manifestarse a los distintos sectores que se presentaron en las últimas elecciones a Dirección y Junta de Carrera, y al Consejo Directivo, y fueron votados masivamente por los estudiantes y por una parte de los docentes y graduados.
Queremos debatir
Ante la posible clausura de cualquier tipo de debate sobre las cuestiones mencionadas, convocamos a estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de Ciencias Sociales a dar una discusión de carácter colectivo sobre la representación mediática del conflicto del gobierno con el agro, el supuesto enfrentamiento del gobierno con los multimedios y la intervención de la Gestión de la Facultad , en un primer encuentro a realizarse el jueves 17 de abril, a las 19 hs., en el aula 101.
PDU Docentes y Graduados de Comunicación
Por la Democratización Universitaria
Ante el conflicto entre el gobierno y la patronal agraria, el tratamiento mediático y la intervención del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales
El martes 1º, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales “sentó posición” sobre el lock out patronal del campo, los medios masivos y la política del Gobierno Nacional. Y tres días después, el Decano y el Vicedecano se sentaron junto con la presidenta Cristina Kirchner para presentarle sus conclusiones sobre el tratamiento de los medios en torno al conflicto y su rechazo a las “expresiones discriminatorias a las que hemos asistido con motivo del conflicto provocado por el lock out de los productores agropecuarios, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social”. Propusieron, además, que se implementara el Observatorio de la Discriminación en radio y televisión, con la participación del COMFER, el Consejo de la Mujer , el INADI y las facultades de Ciencias Sociales de todo el país.
Las resoluciones, sobre el conflicto en sí y sobre el tratamiento que le dieron los medios, el momento en que se difundieron y cómo se generaron, han dejado en claro el alineamiento de la Gestión de la Facultad con el Gobierno “nacional y popular”.
Sobre el conflicto
Se nos dirá –y ese parece ser el presupuesto que recorre los discursos- que, frente a una crisis de esta envergadura, la Facultad , su Consejo Directivo, sus direcciones de carrera y sus profesores deben encolumnarse, máxime si lo que está en juego es –como reza una de las resoluciones- el cuestionamiento a “la vigencia del régimen democrático, el respeto a los derechos humanos y la continuidad de los juicios por la verdad, la justicia y la memoria”.
Pero, si efectivamente esto fuera así, si el Gobierno fuera víctima de un intento “neogolpista” encabezado por la Sociedad Rural ¿cómo se explica que el presidente de la UIA , Juan Carlos Lascurain, Cristiano Rattazzi, presidente de la Fiat , y Jorge Brito, presidente del Banco Macro, estuvieran en la primera fila del Salón Blanco para aplaudir los discursos de la presidenta y del ministro Lousteau, habiendo sido estos históricamente parte de los grupos especializados en golpes y neogolpes?
Si las retenciones fueran efectivamente una política de redistribución del ingreso –como se nos ha dicho una y otra vez, y como se sostiene en las resoluciones de Sociales-, ¿por qué de los 20.000 millones de dólares recaudados en retenciones en el 2007, 16.000 fueron a parar a los bolsillos de los grupos que participan del neogolpe, en forma de subsidios, o para pagar la deuda externa en lugar de aumentar los salarios hasta hacerlos equivalentes a la canasta familiar –hoy en 4000 pesos-, en vez de incrementar y otorgar la movilidad a los jubilados, o de desterrar el trabajo en negro que denuncia (nada más que eso) la presidenta? ¿Por qué no se ha compensado al “pueblo”, en salarios, mejoras del sistema de salud y educativo, etc.?
Si las retenciones sirvieran para redistribuir, como lo presentan el Gobierno y el CD de Sociales, ¿por qué nuestros salarios tienen –parafraseando el chiste de Página /12- una retención o, mejor, un tope del 19.5%? ¿Cómo podría ser “más justa” –como reclama la resolución- la distribución de la riqueza si asistimos a un proceso de concentración en brutal continuidad y profundización respecto de los hoy tan denostados noventa? Si fuera así, ¿por qué la Facultad de Ciencias Sociales aún continúa esperando por un edificio único, y sus estudiantes, docentes y no docentes siguen penando por trabajar y estudiar en condiciones dignas?
Sobre el tratamiento mediático
De ser cierto que “dos o tres generales mediáticos” –como dijo Carlos Kunkel poco antes de sentarse con el embajador estadounidense también en estos aciagos días- atacan a la presidenta y al gobierno, ¿cómo se explica que fuera este Gobierno el que extendió las licencias por más de una década entre gallos y medianoches, el que permitió la fusión entre Multicanal y Cablevisión convirtiendo al grupo Clarín en un operador monopólico del cable, el que se reunió con Werthein de Telefónica –que además es sojero- para analizar cómo se habilita al grupo ya no para controlar Telecom sino para desembarcar en la producción de contenidos, el que se reúne con Carlos Slim para abrirle negocios a Telmex, el que beneficia a Daniel Hadad con la mejor ubicación en la grilla y las mejores vistas panorámicas de la residencia de Olivos?
Por otro lado, ¿es la primera vez que los medios actúan de manera parcial e interesada ante un conflicto social, o que los medios practican un “manejo cuestionable de la información”, como se afirma en el último comunicado de la Gestión de la Facultad ? El “manejo cuestionable de la información” ¿puede adjudicarse sólo a los medios privados? ¿No hubo también un manejo de estas características, pero marcadamente a favor del gobierno, en Canal 7 y Página/12 -propiedad del Grupo Clarín casi en su totalidad-, por citar algunos ejemplos emblemáticos?
Y para no abundar, si entre los medios y Cristina de K hay un conflicto, ¿cómo se explica que la ley de radiodifusión de la dictadura, que desde 2003 también es la ley del kirchnerismo, no haya sido derogada?
No es el Gobierno de los Kirchner el que va a resolver la crisis a la que nos ha conducido su política. Tampoco es este Gobierno el que puede transformar los medios masivos de comunicación rehenes de los concentradísimos pools mediáticos, cada vez más concentrados por su propia política.
Un momento nunca tan oportuno
El momento que eligieron las autoridades de la Facultad para intervenir “públicamente” no es un dato aleatorio. En su último comunicado afirman que sólo cumplieron con su obligación. Pero esta intervención ¿forma parte de una política permanente o se trata de una medida con otras motivaciones? Veamos.
A pesar de que “cobija a una de las carreras de Ciencias de la Comunicación más importantes de Latinoamérica”, la Gestión de la Facultad nunca dijo nada, ni emitió comunicado o informe alguno, sobre la representación que los medios hicieron y hacen de las cientos de luchas que se sucedieron y se suceden a lo largo y ancho del país, en contra del gobierno y de las grandes empresas.
A pesar de contar con esta carrera, la Facultad no se pronunció, la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación tampoco, cuando los trabajadores de prensa que llevaban adelante medidas de fuerza, en medios privados y públicos, fueron agredidos por parte de patotas enviadas por la burocracia sindical y que contaron con la venia del gobierno. Tampoco de los intentos de proscripción de listas opositoras en las elecciones de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires). Nada dijo del monopolio informacional que funciona en la provincia de Santa Cruz, y que es manejado por el chofer de los Kirchner, el inefable Rudy Ulloa. Nada dijo de la utilización propagandística del Canal 7, por parte del gobierno, durante el último año electoral. Nada dijo de la cobertura, por parte de este mismo canal, de los conflictos que se desarrollaron el año pasado en la provincia del matrimonio presidencial.
La Gestión de la Facultad presenta su apoyo al rechazo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación al decreto 527/05, como una demostración de su compromiso con la sociedad y el cumplimiento de su obligación pública. Pero, sinceramente, pareció más una la expresión del desengaño que sufrieron quienes dirigían la carrera en ese momento, al haber puesto sus esperanzas de reforma del sistema de medios, a través de un nuevo marco legal, en un gobierno que no había dado ninguna muestra de querer llevar las cosas por ese camino.
El silencio de los últimos tres años es otro dato que contradice las afirmaciones de la Gestión de la Facultad. En su último comunicado, se pregunta: “¿Por qué sólo en esta oportunidad, en que la Facultad se pronuncia sobre el comportamiento de los medios de comunicación, se reacciona con semejante irritación?”. Tal vez, entre otros motivos, porque los grandes “pools informacionales” no están acostumbrados a que la Facultad los critique, no lo ha hecho nunca. Entre los links que contiene la declaración donde se justifica la presentación del informe -un intento por demostrar la cantidad de veces que se pronunció públicamente esta casa de estudios-, no figura ninguno respecto del tratamiento de los medios sobre algún conflicto. A confesión de parte…
Con el método del gobierno
Como señalamos más arriba, la sanción del decreto 527/05 se realizó -como todo decreto- de espaldas a la comunidad, sin estimular el debate público, ni siquiera legislativo, amparándose en una facultad de dudosa legitimidad que la Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo.
En su último comunicado, la gestión de la Facultad señala: “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales (órgano máximo y soberano de gobierno de una Facultad, ante el cual el Decano no puede sino hacer lo que dicho órgano le encomienda) emitió una resolución criticando lo que considera un manejo cuestionable de la información. Su pronunciamiento fue, por algunos, tildado de “obsecuente” con el oficialismo. Pero lo que no se tiene en cuenta, es que con este tipo de acusaciones a la Facultad se cae en un contrasentido, rayano en el absurdo: en nombre de la libertad de prensa de las empresas privadas, se cuestiona la libertad de opinión de una institución pública”.
La “libertad de opinión de una institución pública” no puede reducirse a lo que manifieste su “órgano máximo y soberano de gobierno”, que por supuesto tiene todo el derecho a opinar. Lo actuado por la Gestión de la Facultad reprodujo los mismos métodos que en su momento criticaron a propósito de la medida mencionada: de espaldas a la comunidad académica, amparándose en la legalidad de un órgano de gobierno –elegido por métodos de dudosa carácter democrático, donde el voto de algunos docentes vale mucho más que el de otros-, impidiendo la discusión pública de quienes quisieran participar del debate, negándole toda posibilidad de manifestarse a los distintos sectores que se presentaron en las últimas elecciones a Dirección y Junta de Carrera, y al Consejo Directivo, y fueron votados masivamente por los estudiantes y por una parte de los docentes y graduados.
Queremos debatir
Ante la posible clausura de cualquier tipo de debate sobre las cuestiones mencionadas, convocamos a estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de Ciencias Sociales a dar una discusión de carácter colectivo sobre la representación mediática del conflicto del gobierno con el agro, el supuesto enfrentamiento del gobierno con los multimedios y la intervención de la Gestión de la Facultad , en un primer encuentro a realizarse el jueves 17 de abril, a las 19 hs., en el aula 101.
PDU Docentes y Graduados de Comunicación
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